Podrán acceder estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisben IV, así como comunidades étnicas, población campesina, discapacitados y víctimas del conflicto armado.

 

Esto tiene un antecedente también en la sentencia C-654 del 2007, expedida por la Corte Constitucional, en la cual establece lineamientos para el cobro de los derechos de grado, también en las universidades privadas,  considerando que dentro de la autonomía universitaria, los ingresos por derechos de grado también permiten que las universidades puedan financiar el servicio educativo y así puedan alcanzar sus objetivos propuestos, entendidos que los mismos proceden por razones académicas, con un carácter de razonabilidad y  proporcionalidad, sin que se constituyan en un prerrequisito inflexible para la titulación. 

 

Seguramente vendrán proyectos de ley, también para reducir los derechos de grado en los establecimientos de educación privados, tal como se han presentado ya anteriormente en el Órgano legislativo.