La norma, permite que las entidades públicas, puedan vincular a estudiantes practicantes, con convocatoria anual, la posibilidad de remunerar hasta 1 salario mínimo mensual legal vigente, para coadyuvar con gastos de transporte y alimentación, asumir pago de ARL, constituir póliza de responsabilidad a favor de terceros, dando prioridad a las mujeres y a quienes tengan alguna discapacidad.

 

Se entenderá como práctica:

 

La laboral propiamente tal.

Contratos de aprendizaje.

Judicatura.

Convenios docencia- servicio, en el sector salud.

Pasantías.

Otras formas que puedan considerarse como tales.

 

Las prácticas realizadas se certificarán y sumarán cómo tiempo de experiencia profesional del practicante.